Hay que reconocer que las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) encabezadas por María Elena Álvarez-Buylla Roces han sido consistentes en algo: en la animadversión que han generado entre la mayor parte de la comunidad científica mexicana a lo largo de los tres años que lleva la actual administración.
Pero también entre la sociedad mexicana: por fin es conocida esta institución, pero no por cumplir con su misión sino por eliminar becas a alumnos de posgrado en el extranjero, extinguir fideicomisos, perseguir investigadores, correr a jóvenes catedráticos, incluir a un policía –presunto plagiador– como SNI 3 y suscitar la inconformidad de estudiantes.
A pesar de los millonarios gastos en imagen y comunicación a lo largo de décadas, el Conacyt nunca había podido identificarse entre la sociedad, pero ahora es reconocido entre las y los mexicanos por los escándalos públicos que, un día sí y otro también, generan las propias autoridades.
Ninguna otra institución de la cuarta transformación se ha mantenido en el escándalo público de manera tan eficiente como el Conacyt ¡ni la FGR! Quizá se trate de la estrategia comunicacional que sostiene que: “no importa que hablen mal de mí, pero que hablen”, llevada al extremo.
Además, el Conacyt bajo la dirección de Álvarez-Buylla pasará a los registros históricos por haber sido capaz de movilizar, por primera vez, a la comunidad científica mexicana, pero en su contra.
Ahora es el turno de los estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acompañados por algunos profesores, investigadores y alumnos de otras instituciones educativas, han reaccionado en contra de la práctica usual de la designación de directores del Sistema de Centros Públicos de Investigación adscritos al Conacyt.
No es nueva la antidemocracia en este Sistema ni tampoco en otros centros públicos como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Colegio de Postgraduados, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Politécnico Nacional, entre otros.
No es nueva la antidemocracia en este Sistema ni tampoco en otros centros públicos como el Instituto Mexicano del Petróleo, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros.
De manera conjunta, los investigadores adscritos a los Centros-Conacyt y los Centros Públicos representan casi el 70% de la planta científica del país (alrededor de 20 mil investigadores). Para ellos, a diferencia de los que están adscritos a las universidades públicas autónomas, la democracia es algo ajeno a su vida académica, incluido el CIDE.
Esta es la gran contradicción entre quienes generan conocimientos científicos, cuyo pensamiento crítico es fundamental. Ellos ponen en entredicho los conocimientos establecidos, pero no tienen la libertad ni la capacidad de decidir quiénes los dirigen, con poca o nula injerencia en el rumbo de sus instituciones y, por ende, no participan en las políticas públicas en ciencia y tecnología del país.
Los directores de los Centros-Conacyt, como el CIDE, son designados por el o la directora general del Conacyt en turno. Así ha sido desde que existen estos 27 centros de investigación, así ha ocurrido con el CIDE desde que fue creado en 1974. Nada nuevo.
Parece increíble, pero miles de científicos y científicas mexicanas jamás han votado libremente para elegir a sus directivos; cuando mucho, en pocos casos, pueden elegir una terna, que puede ser considerada o no por las autoridades federales.
Algunos de los 27 Centros-Conacyt
El Sistema de Centros-Conacyt es un conjunto de organismos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que no solo generan nuevos conocimientos, sino que también los aplican y los transfieren al sector social y productivo. Forman recursos humanos altamente especializados tanto a nivel licenciatura como posgrado. Pero hay una característica que los hace únicos: se distribuyen por casi todo el territorio nacional, lo que les permite vincularse a los problemas locales, regionales y nacionales.
Su presencia en muchos estados les brinda una influencia importante en sus trabajos de investigación, docencia y desarrollo tecnológico que les permite sostener una relación importante con gobiernos locales, universidades estatales, empresas, comunidades de productores, campesinos, pescadores e indígenas, entre muchos otros.
La gran mayoría de los centros fueron creados entre 1970 y 1990 por el gobierno federal y en algunos casos también participaron gobiernos estatales; desde 1992 se agruparon en el Sistema de Centros-Conacyt. En el sexenio pasado se crearon Consorcios de Investigación en los que colaboran varios de estos centros.
Las áreas a las que se orientan abarcan casi todos los campos del conocimiento y realizan trabajos multi y transdisciplinario; mantienen colaboración interinstitucional e internacional; se orientan a la solución de problemas regionales y nacionales; y realizan algunas actividades de divulgación.
Por ejemplo, en el campo de los materiales, manufactura avanzada y procesos industriales se encuentra el Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV), en Chihuahua; el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), en León, Guanajuato; o el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), en las ciudades de Saltillo y Monterrey, por mencionar algunos.
En el campo de la física, matemáticas y ciencia de datos se encuentran el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), en Guanajuato; el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Puebla; el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), en San Luis Potosí; el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Baja California, etc.
En medio ambiente, salud y alimentación, entre otros, se encuentran el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), en La Paz, Baja California Sur; el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), en Mérida, Yucatán; El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en Campeche, Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa; el Instituto de Ecología (INECOL), en Xalapa, Veracruz.
En historia y antropología social se encuentran El Colegio de Michoacán (COLMICH), en Morelia, Michoacán; El Colegio de San Luis (COLSAN), en San Luis Potosí; el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca, San Cristóbal y Xalapa.
Y en política pública y desarrollo regional están El Colegio de la Frontera Norte (COLEF); el Centro de Investigación en Ciencias de la Información Geoespacial (CENTROGEO); el CIESAS; y el Centro de Investigación y Docencia Económicas en Aguascalientes y la Ciudad de México.
Este sistema se formó bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda, luego pasaron a la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, después a la de Educación Pública y, finalmente, quedaron bajo los designios del Conacyt. Todos estos cambios han generado una sobrerregulación y vigilancia en el ejercicio de sus recursos.
La figura jurídica de los centros es heterogéneo, en algunos casos son asociaciones civiles, en otros organismos descentralizados, sociedades civiles y entidades paraestatales. La mayoría tiene autonomía de gestión, pero no de dirección. Los investigadores de estos centros son considerados funcionarios públicos y muchos de sus trabajadores no cuentan con las prestaciones de ley ni la protección del Estado mexicano.
De la reacción a la acción
La reacción de los estudiantes del CIDE y las protestas del fin de semana contrastan con la pasmosa inacción que por décadas ha mantenido la comunidad científica mexicana. Pero sería importante que pasaran del disgusto por la designación del nuevo director, José Antonio Romero Tellaeche, a la acción y proponerse, por qué no, buscar la autonomía no solo de gestión sino de dirección del CIDE y del resto de los centros públicos de investigación.
Sería beneficioso para el país que sus investigadores participen de manera cotidiana en las decisiones de sus centros de trabajo, que son de todos los mexicanos.
Desde hace algunos años investigadores de gran talento han llevado a cabo análisis y propuestas para mejorar el estatus jurídico-administrativo y la calidad de los centros de investigación pública de nuestro país, destacadamente las aportaciones del investigador Rafael Loyola Díaz, especialista en política científica, quien fue director de Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, hasta su fallecimiento a inicios de este año; ex Director General CIESAS; ex coordinador del Consejo Consultivo de Centros Conacyt y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Junto con un grupo de investigadores, Loyola Díaz llevó a cabo una serie de propuestas que deberían conocer los estudiantes del CIDE. Planteó crear un gran sistema de centros públicos que respete su homogeneidad, que debería contar con modelos que permitan su autonomía de gestión y dirección, bajo estándares de excelencia académica y científica.
Sistemas de gestión administrativa que permitan mayor flexibilidad en el ejercicio de los recursos públicos, como el financiamiento de proyecto multianuales y la disminución de la tramitología en la fiscalización, por parte de la función pública y hacienda, dado que entorpece y encarece la buena gestión.
Asimismo, sugirió aprovechar la experiencia y capacidades de los Centros-Conacyt en la generación de recursos propios para apoyar proyectos especiales, tanto de investigación básica como aplicada, de transferencia y apropiación del conocimiento, divulgación de la ciencia y programas de formación de recursos humanos.
También propuso asegurar que los directivos de los centros cuente con la “trayectoria y visión”, de preferencia con experiencia institucional y perfiles idóneos comprometidos con el trabajo del organismo y que gocen de ética en el ejercicio de sus funciones; ello contribuiría a la “elección de directores con liderazgo” y una mejor conducción con un manejo colegiado.
En pocas palabras, incluir la democracia en la vida de los centros públicos de investigación. Las comunidades de estos centros tienen la palabra: continuar eternizando el conocido “dedazo” desde el Conacyt o desde las diferentes secretarías de estado o liberarse de él de una vez por todas.
