Desde hace décadas, los procedimientos administrativos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) han sido sumamente lentos y no han sido del todo transparentes. Siempre hay retraso en la publicación de las convocatorias o en la entrega de los recursos económicos para los proyectos de investigación. Actualmente, hay proyectos a los que, debido a los recortes presupuestales o a la falta de fondos sectoriales, solo se les da una parte.
Sexenio tras sexenio, la ciencia y la tecnología han estado sujetas a recortes y a los vaivenes presupuestales. Como consecuencia, en muchas de sus convocatorias se incluye un apartado que indica que el apoyo dependerá de la dotación presupuestal, es decir, con frecuencia ni siquiera se sabe con cuánto dinero se contará para financiarlas.
En otras ocasiones, aunque se apruebe un proyecto con un presupuesto determinado, el recurso tarda en llegar, de manera que los investigadores disponen de los fondos en años fiscales distintos a lo que fueron asignados o solo cuentan con un mes para ejercer todo el presupuesto de un año. También, hay algunos proyectos que se aprueban a decisión directa, sin necesidad de convocatoria. Esas irregularidades se han convertido en la norma y en parte de los procedimientos institucionales.
Así, a lo largo de los años, los investigadores ya se han acostumbrado a este “sistema” y, los más afortunados, optan por acceder a financiamiento internacional para sus proyectos.
De ahí que no resulta extraño que el pasado 24 de septiembre la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, próxima directora general del CONACYT, solicitara mediante un oficio CONACYT/TRAN/003/, dirigido al actual Director General, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, posponer las convocatorias y los contratos del Consejo que comprometen el presupuesto del año próximo.
Tiene razón. El próximo gobierno no tendría por qué continuar con las políticas del anterior y más aun si se pretende impulsar políticas científicas diferentes y orientadas a los nuevos programas de gobierno.
En medios y redes se ha descalificado a Álvarez-Buylla bajo el argumento de que al no ser todavía funcionaria no tiene ninguna atribución para hacer tal solicitud, sin embargo, hay que recordar que el Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República”.
Así que no solo Álvarez-Buylla sino usted y yo estamos en nuestro derecho de realizar solicitudes a cualquier funcionario público. En este caso, pidió “suspender”, que no “cancelar”, algunas convocatorias que podrían comprometer el presupuesto del 2019.
Sin embargo, sin importar este hecho, y contraviniendo los acuerdos del proceso de transición establecidos entre Peña Nieto y López Obrador, el CONACYT aduce su “normatividad” y contestó, el pasado 3 de octubre mediante el oficio no. A0000/128/2018, que continuará con dichas convocatorias. Ahora sí, el Consejo resulta estar muy preocupado por lanzar convocatorias cuando en años anteriores hubo retrasos constantes.
Al margen del error político de hacer la solicitud mediante oficio, lo más importante del documento es que pone al descubierto que el proceso de transición entre la actual administración y el equipo del próximo gobierno está atravesando graves escollos y que la información no está fluyendo de manera adecuada. A pesar de que el propio CONACYT señaló en su respuesta que se han celebrado 25 reuniones de transición, es evidente que han sido insuficientes. Pero lo más grave es la opacidad de los funcionarios de esa institución.
Todo apunta a que desde el mismo CONACYT se filtró la información para trasladar la presión política hacia la próxima directora. En los medios de comunicación y redes sociales no se discute esta falta de transparencia, sino absurdos sin fundamento que señalan cosas como que la próxima administración quiere “suspender becas” de manera autoritaria.
Hay que recordar que el CONACYT es una institución que ha sido señalada por el mismo INAI como poco transparente. Durante varios años estuvo en el penúltimo lugar en transparencia; la opacidad es parte de sus procedimientos en sus comités de evaluación; los fallos de los comités de las diversas convocatorias son desconocidos e inapelables; y la secrecía y la certeza no existen en la elección de los comités del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, tiene casi 70 fideicomisos, cuyos manejos son inescrutables, amparados en las leyes bancarias. Esto es lo verdaderamente preocupante.
Al sentirse amenazados por la próxima administración, la respuesta del establishment científico no se ha hecho esperar: artículos en revistas científicas cuestionando a Álvarez-Buylla, “peticiones” para que se revoque su nombramiento, incluso en redes sociales se dedican a atacar a la investigadora por sus posiciones como científica. Todo sin fundamento.
Nunca antes se había debatido tanto el nombramiento de algún director general del CONACYT, ni Romero Hicks, ni Bazdresh, ni Chapela, ni Villa, Parada o Cabrero habían sido cuestionados cuando algunos de ellos carecen de trayectoria científica. ¿Por qué ahora sí?
Se desvía la atención de los manejos del presupuesto en CONACYT, se quita el escrutinio hacia la disfuncionalidad del sistema científico mexicano. No se cuestiona la falta de oportunidades para jóvenes investigadores, no se inquiere sobre el escaso presupuesto, no se pregunta por la escasez de centros de investigación y así un largo etcétera. Ojalá los científicos, principalmente los jóvenes y el resto de la sociedad, se centren en las grandes discusiones de fondo en torno a la ciencia mexicana, que son muchas y urgentes.
Ardua será la tarea de la próxima administración del CONACYT, además de la carga que implicará mantener los compromisos adquiridos por la actual administración (aunque existen mecanismos legales para no hacerlo), deberá hacer una auditoría pormenorizada de todos y cada uno de los fideicomisos, pero además es urgente acabar con esas irregularidades normalizadas de los procedimientos de las convocatorias, los contratos multianuales y transparentar todos y cada uno de los procesos.
