Para el gobierno y legisladores de la 4T hay mexicanos de primera y de segunda clase. Mientras la población general tiene que pagar con su propio bolsillo las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 o los cubrebocas –si es que se quiere tener acceso a ellos–, los gobernantes, legisladores y jueces, gracias a los recursos públicos, pueden realizarse las pruebas que quieran sin gastar un centavo.
Millones de pesos públicos ha costado la implementación de dichas medidas de detección que buscan proteger a funcionarios y políticos. Son privilegiados.
En cambio, para el resto de la población, el gobierno federal, por decisión del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, no aplica pruebas de diagnóstico ni siquiera a los enfermos y hospitalizados por el nuevo coronavirus. Tampoco se les aplica a médicas (os) ni a enfermeras (os) de los hospitales públicos, quienes se encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia.
De acuerdo con López-Gatell no son necesarias las pruebas y tampoco sirven los cubrebocas para evitar contagiarse. Estas afirmaciones no solo contravienen lo que desde hace meses han afirmado científicos de todo el mundo y la propia Organización Mundial de la Salud, sino que no se aplica el mismo rasero por igual a todos. Para quienes no sirven es para los más pobres. Hay niveles.
Las pruebas y los cubrebocas son para quienes detentan el poder. Para ellos sí se implementan las recomendaciones de los científicos y de la OMS.
Hugo López-Gatell tomó una crisis y la convirtió en una catástrofe que hasta ahora ha costado más de 90 mil vidas. Este siniestro tomará años revertir y nunca se olvidará. Se pretende enfrentar la pandemia con retórica frívola y vacía que ha costado vidas. Demagogia criminal que niega la ciencia y antepone intereses.
En su acostumbrada alocución nocturna diaria de esta semana, López-Gatell nuevamente afirmó falsamente que el cubrebocas “solo sirve para no contagiar, pero no funciona para evitar contagiarse” (sic).
Esta afirmación es una muestra de la frivolidad con la que se dice enfrentar una crisis que aqueja a todo el mundo, pero que en México ha infectado a más de 900 mil personas. Debido a la incompetencia de quien toma las decisiones públicas en contra del mortal patógeno, el nuevo coronavirus se ha ensañado en nuestro país, sobre todo, contra los que menos tienen.
Hugo López-Gatell tomó una crisis y la convirtió en una catástrofe que hasta ahora ha costado más de 90 mil vidas. Este siniestro tomará años revertir y nunca se olvidará. Se pretende enfrentar la pandemia con retórica vacía que ha costado vidas. Demagogia criminal que niega la ciencia y antepone intereses.
Una medida que no implica casi ningún costo para el gobierno, que tampoco significa cerrar negocio alguno y que no molestaría a nadie, como el uso de cubrebocas obligatorio y generalizado, tanto en vía pública como en espacios cerrados, ayudaría a detener los contagios.
Pero tanto López-Gatell como el Presidente AMLO niegan sistemáticamente el uso del cubrebocas. Apenas el 20 de agosto pasado la Secretaría de Salud lo incluyó como una simple recomendación dentro de sus medidas de higiene básicas de su Informe Técnico Diario.
Un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington sostiene que si se hubiera generalizado el uso de cubrebocas en Estados Unidos se podría haber salvado la vida de más de 66 mil personas.
En México, el no establecer esta medida ha ocasionado una mayor dispersión del virus tanto entre quienes creen las falsedades de López-Gatell, como entre quienes se toman la amenaza en serio.
Desde el inicio de la pandemia se sabe que muchas personas infectadas por SARS-CoV-2 son asintomáticas o presintomáticas, pero muy contagiosas; y se conoce que estas personas representan una fracción sustancial de todas las transmisiones que podrían llegar hasta el 40% o 50%. El uso de cubrebocas y mascarillas ayuda a evitar que estas personas propaguen gotículas y aerosoles cargadas de virus.
Pero no solamente para evitar contagiar sino también para evitar contagiarse en espacios públicos y en entornos cerrados. Por ello, la OMS y la comunidad científica internacional han llamado a las autoridades de salud de todos los países del mundo a que se establezcan el uso obligatorio de cubrebocas en todas las personas.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Simon Fraser (SFU), Canadá, encontró que usar cubrebocas puede tener un impacto significativo en la propagación de la COVID-19 al reducir, por lo menos, un 25% de los casos de contagio que se producen cada semana.
El estudio sostiene que si se hubiera exigido a las personas que usaran cubrebocas en todo el país norteamericano a principios de julio podría haberse reducido entre un 25% y un 40% el número de infectados en agosto.
Una investigación publicada en agosto en la revista Nature Communication por investigadores del Instituto Broad del MIT y la Universidad de Harvard señala que la distribución dirigida de cubrebocas puede reducir el número de muertes por el coronavirus.
Mediante una simulación matemática asociaron la eficacia del cubrebocas para protección y contención e identificaron el número total resultante de infecciones y muertes. Afirman que una política que impulse el uso de cubrebocas y mascarillas todavía podría proporcionar reducciones significativas en el total de infecciones y puede retrasar el pico epidémico.
Sugieren una estrategia de distribución de cubrebocas en toda la población, priorizando a los grupos de riesgo como ancianos, personas con comorbilidades e infectadas detectadas. Incluso, señalan que una distribución limitada de cubrebocas no quirúrgicos que ofrecen solo una protección y contención del 25% podría resultar en una reducción apreciable de hasta el 25% de muertes. Con que solo el 10% de la población lo usara se podría reducir un 5% los fallecimientos.
Asimismo, si se proporcionaran cubrebocas al 50% de todos los casos detectados se podría disminuir entre un 10% y 30% el total de muertes. De ahí la importancia de implementar medidas complementarias que permitan aumentar la tasa de detección de casos con pruebas de diagnóstico.
Pero el tema de las pruebas es otro asunto que también ha sido desdeñado por las autoridades sanitarias mexicanas.
En México se minimizó el problema y se sigue haciendo a un altísimo costo de vidas humanas, hasta ahora van 90 mil 773, pero todavía vienen por delante muchos meses de COVID-19.
