Las acusaciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y antiguos administradores y coordinadores del desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) son un absurdo legal, un despropósito político y un atentado al estado de derecho.
Por ello, las imputaciones de delincuencia organizada, de uso de recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero, seguramente serán rechazadas nuevamente por el poder judicial. No hay juez que admita esta descabellada iniciativa que busca encarcelar a 31 personas, algunas de las cuales trabajan en instituciones académicas públicas.
Las acusaciones se basan en un litigio legal y un pleito político emprendido por la actual directora general del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, desde que asumió su cargo al frente del Conacyt de la 4T, en contra del FCCyT, entonces coordinado por Julia Tagüeña Parga.
El asunto jurídico
La disputa legal que el propio Conacyt señala en el comunicado 245, distribuido el 22 de septiembre, titulado “El Conacyt apoya a las y los científicos”, se basa en el hecho de que el Foro “exigía recursos anuales por 50 millones de pesos”, pero que el Consejo, bajo los supuestos principios de “austeridad republicana”, ofreció apoyar “con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas”.
El Foro no aceptó esa reducción y en 2019 judicializó el caso mediante un amparo administrativo; en una primera instancia obtuvo la protección del Juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa. En dicha sentencia se indica que el Conacyt debía otorgar recursos suficientes al FCCyT, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente hasta junio de 2020.
Álvarez-Buylla lo tomó como una afrenta y el Conacyt sometió un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al mismo tiempo que litigaba, el Conacyt modificó sus estatutos orgánicos el 11 de diciembre de 2019 y en febrero de 2020, mediante los cuales se constituyó un nuevo Foro supeditado al Consejo, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.
Sin embargo, este fue el golpe definitivo que no fue cuestionado por el FCCyT ni la comunidad científica: ante los nuevos estatutos del Conacyt, en julio de 2021, la Suprema Corte no quiso analizar ni resolver de fondo el problema y prefirió sobreseer el caso, con lo cual se desechaba el amparo del Foro. Pero, de acuerdo con su resolución no. MI/SS/D/9941/2021, hasta que se modificaron dichos estatutos, todos los recursos otorgados al FCCyT desde su creación en 2002, estaban amparados ante la Ley de Ciencia.
A pesar de carecer de sustento jurídico, de acuerdo con el comunicado 245 del Conacyt: “la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control” por presuntas “irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt”.
Por este motivo, la FGR ha iniciado acusaciones en contra de las 31 personas supuestamente implicadas tanto de la administración peñanietista del Conacyt, quienes otorgaron los recursos, como desde el FCCyT, quienes los recibieron y ejercieron. Al no existir fundamento jurídico, lo más seguro es que serán rechazadas, por tercera ocasión, por los jueces.
la Suprema Corte no quiso analizar ni resolver de fondo el problema y prefirió sobreseer el caso, con lo cual se desechaba el amparo del Foro Consultivo. Pero, de acuerdo con su resolución no. MI/SS/D/9941/2021, hasta que se modificaron los estatutos del CONACYT, todos los recursos otorgados al FCCyT desde su creación en 2002, estaban amparados ante la Ley de Ciencia.
Venganza mediática
El lunes 20 de septiembre en su columna de opinión publicada en el diario El Financiero, Raymundo Rivapalacio señaló que las acusaciones de la Fiscalía General de la República son una venganza de Alejandro Gertz Manero “luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores”.
En el mismo sentido, Roberto Rock escribió el martes 21 de septiembre, en su columna en el periódico El Universal, que la acusación del fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, es interpretado como “una venganza por las recientes impugnaciones a la asignación promovida por Conacyt para otorgar a Gertz el más alto grado existente en el Sistema Nacional de Investigadores”.
Ambos columnistas están equivocados: la “comunidad científica” no protestó ni impugnó el nombramiento de Gertz Manero como integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III. Muy pocos (y de manera individual) criticaron este hecho, entre los que destaca Guillermo Sheridan, quien además reveló el presunto plagio académico del fiscal, pero no hubo inconformidad pública de grupos de investigadores integrantes del SNI. La mayoría se calló y se disciplinó. Por ello, la supuesta “venganza” del fiscal no existe salvo en la imaginación de los dos columnistas.
Sí, la comunidad científica debió cuestionar no solo el nombramiento del fiscal como uno de los suyos, sino en su momento criticar la reducción del presupuesto al FCCyT y debatir las modificaciones a los estatutos del Conacyt que creó otro Foro. Pero esa comunidad volvió a guardar silencio.
Históricamente, pocas han sido las voces críticas entre los científicos mexicanos, casi todos tienen en su ADN el miedo al stablishment. Saben que opinar y cuestionar a las autoridades administrativas y políticas puede costarles su futuro porque el SNI, más que ser un sistema que impulse la formación de nuevos científicos, es un sistema de control que sirvió muy bien al régimen antidemocrático priísta y que continúa funcionando al gobierno actual.
El pleito político
Si bien la cuestión jurídica no tiene fundamento, la parte política es el asunto de fondo y esto tiene mucho que ver con las formas. Como dice el clásico: la forma es fondo.
Uno de los objetivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. era ser un órgano “autónomo” de “consulta” del poder ejecutivo, del consejo general y de la junta de gobierno del Conacyt, pero dicha autonomía y asesoría dejaron de existir en términos reales durante buena parte del gobierno de Peña Nieto, durante la gestión de Enrique Cabrero como director general del Consejo.
En esa época hubo dos coordinadores del Foro: Gabriela Dutrénit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, y José Franco, del Instituto de Astronomía, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ambos forman parte del grupo de acusados por la fiscalía.
Fue durante la gestión de José Franco que el Foro se convirtió en prácticamente un órgano de adulación de las políticas del Conacyt, desaparecieron las propuestas analíticas y críticas que eran comunes en las gestiones de Juan Pedro Laclette o de la propia Dutrénit. Se supeditó la autonomía de una asociación civil a los intereses de su coordinador quien, a su vez, formaba parte de algunos de los comités de evaluación de proyectos de investigación y de divulgación del Consejo.
En esta gestión peñanietista del Conacyt, Julia Tagüeña Parga fue directora adjunta de Desarrollo Científico (el segundo puesto en importancia después de Cabrero); fue en esa área donde los recursos a la ciencia básica se redujeron de manera significativa, y los pocos recursos que hubo se dispersaron con varios meses de retraso. Al menos en dos años no se otorgaron apoyos en estos campos, mientras que los recursos para empresas trasnacionales crecían de manera exponencial. El Foro nunca cuestionó esta ineficiencia administrativa y la política equivocada que afectó a muchos científicos en el país. Perdió una buena parte de su autonomía y de su capacidad de interlocución.
Desde la campaña electoral de 2018 el gobierno peñanietista sabía que perdería el poder y también que Álvarez-Buylla llegaría al Conacyt, como lo anunció López Obrador en el debate presidencial. Durante los meses de transición, como coletazo de la mancuerna Cabrero-Franco se impulsó la llegada de Tagüeña Parga al frente del Foro Consultivo.
Colocar a la responsable del área más golpeada de la ciencia mexicana al frente de un órgano consultivo que debería “trabajar” con la nueva administración parecía un despropósito monumental. Ante esta torpeza, falta de pericia o manipulación política, la comunidad científica se quedó callada.
Disciplinados como son los investigadores, extraña que los integrantes de la mesa directiva del Foro no hubieran comentado con Álvarez-Buylla la selección de Julia Tagüeña como nueva coordinadora a finales de 2018. Tradicionalmente, los directores del Conacyt siempre eran informados y hasta consultados al respecto, pero en esa ocasión se cambiaron las formas.
En mayo de 2019, en una camparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, Álvarez-Buylla envió el mensaje claro: “Desgraciadamente, no se nos consultó acerca del nombramiento de la coordinadora…”.
Cabe señalar que ninguno de los acusados por la FGR ha cuestionado públicamente las políticas científicas del actual gobierno; no se solidarizaron con los jóvenes investigadores de las Cátedras, ni con los estudiantes a quienes suspendieron becas de posgrado o en contra de la desaparición de los fideicomisos. Es decir, el pleito no es por cuestionar al gobierno, simplemente se trata de agravios de incorrección política de la transición.
Durante los meses de transición con el nuevo gobierno, como coletazo de la mancuerna Cabrero-Franco se impulsó la llegada de Tagüeña Parga al frente del Foro Consultivo. Colocar a la responsable del área más golpeada de la ciencia mexicana al frente de un órgano consultivo que debería “trabajar” con la nueva administración parecía un despropósito monumental.
La democracia en riesgo
Obviamente, en el fondo de este asunto desmesurado e infundado de la FGR –que ha solicitado órdenes de aprehensión en el Cefereso Número 1 “El Altiplano”, mientras a los integrantes de cárteles de las droga y a sus familiares se les prodigan abrazos–, se encuentra el interés político del Conacyt de la 4T, aderezado por la visión sumamente prejuiciosa sobre la ciencia mexicana y la ciencia en general, que ha manifestado públicamente María Elena Álvarez-Buylla desde que es funcionaria pública.
Parece que en lugar de impulsar la ciencia en México que tanto urge, el “estilo de trabajo” de Álvarez-Buylla es mantener a la institución rectora de las políticas científicas del país en el escándalo público nacional y en la distracción de la opinión pública. Así ha ocurrido desde hace tres años.
Pero justamente esto es lo que más preocupa y lo más peligroso para la democracia mexicana y para las instituciones científicas y judiciales: el probable uso faccioso del sistema de justicia y de las instituciones coercitivas del Estado mexicano, al servicio de intereses políticos e ideológicos. Actos intimidatorios dirigidos hacia toda la comunidad científica.
Afortunadamente, a diferencia de muchos otros casos, varios sectores de la comunidad científica y académica sí se han manifestado públicamente: cientos de investigadores y profesores de la UAM; de la UNAM y su propio rector, Enrique Graue; de la Academia de Ciencias de Morelos, y muchos otros, han levantado la voz ante el monumental atropello y exigen que no se usen las instituciones con fines políticos. Enhorabuena.
Si hay responsabilidades contra cualquier exfuncionario o servidor público, esto se debe dirimir e investigar conforme al estado de derecho y siguiendo los procedimientos legales, pero este caso, a todas luces, parece obedecer a un ajuste de cuentas políticas, a un pleito telenovelesco de Álvarez-Buylla contra el Foro que ya ha durado tres años.
Lo mejor de todo esto es la interesante reacción de los investigadores quienes deberían reflexionar sobre si la comunidad científica debe mantener su cómodo y disciplinado estatus o buscar construir organismos de representación realmente independientes que contribuyan al avance de la ciencia en México y se involucren en la solución de los problemas del país y en la defensa de las instituciones democráticas.
