Hace unos días una declaración de la administración del presidente estadounidense Joe Biden hizo saltar las alarmas de las compañías farmacéuticas y biotecnológicas que han desarrollado vacunas contra la COVID-19: “Estos tiempos y circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas COVID-19 para ayudar a poner fin a esta pandemia y participaremos activamente en las negociaciones con la Organización Mundial de Comercio para que eso suceda”.
Desde el año pasado un grupo internacional de intelectuales, científicos y gobiernos de una docena de países había propuesto la necesidad de flexibilizar las patentes para permitir que farmacéuticas y gobiernos principalmente de países pobres y en vías de desarrollo puedan producir sus propias vacunas genéricas, en lugar de esperar meses o años por dosis suficientes de vacunas contra el coronavirus, pero la administración Trump bloqueó la discusión en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ahora la administración de Biden se pronunció en apoyo a dicha propuesta.
Más de 170 ex jefes de estado, premios Nobel, intelectuales y activistas emitieron una carta abierta en la que pedían a Biden que apoyara la iniciativa. La representante comercial de EE. UU., Katherine Tai, dijo que su país avanzará con las discusiones internacionales en la OMC para renunciar a las protecciones de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia.
“La Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero para poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas COVID-19 ”, señaló Tai en un comunicado.
Este planteamiento fue respaldado con entusiasmo por países como India y Sudáfrica y pero la discusión en la OMC, se enfrentará al obstáculo de la Unión Europea, principalmente de los gobiernos alemán y británico. Así que, aún cuando se tenga el visto bueno de la Casa Blanca y de varios congresistas demócratas, no hay garantía de que dicha propuesta se apruebe.
Inmediatamente, las acciones de algunas compañías farmacéuticas como BioNTech, Moderna y Novavax cayeron cuando se supo la decisión de la administración Biden. El modelo de negocio está en riesgo.
La poderosa industria farmacéutica reaccionó rápidamente y expresó su preocupación. El director ejecutivo de los Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de América, Stephen J. Ubl, se pronunció en contra de dicha iniciativa y afirmó, mediante un comunicado, que sería “entregar las innovaciones estadounidenses a los países que buscan socavar nuestro liderazgo en el descubrimiento biomédico”.
Transferencia tecnológica
Expertos y activistas se manifestaron a favor de la medida, pero señalaron que no basta la posibilidad de contar con la patente, sino que es necesario un proceso de transferencia tecnológica hacia los países que se interesan en producir las vacunas.
La situación es compleja ya que, por un lado, las empresas han invertido grandes sumas de dinero para desarrollar las vacunas y, por otro lado, se requiere personal altamente capacitado y tecnologías sofisticadas para producirlas. En especial las vacunas contra el coronavirus que son de última generación son complejas y difícilmente se pueden copiar si no existe la ayuda de las empresas para transferir conocimientos y técnicas.
Es cierto que producir una vacuna como la de Pfizer implica procesos complejos: requiere 280 componentes de 86 proveedores en 19 países; también necesita equipo y personal altamente especializados, y transferencias de tecnologías avanzadas que requieren mucho tiempo de asimilación, así como redes globales de suministro y fabricación.
Pero por otro lado está la necesidad urgente de acabar con un flagelo que afecta a toda la humanidad y que no será vencido hasta que todos los habitantes del planeta puedan contar con una vacuna segura y eficaz, como un derecho inalienable.
La OMS señala que en poco han contribuido las grandes farmacéuticas para abastecer de dosis a los países pobres, prácticamente ninguna de las grandes compañías que cuentan con vacuna contra el SARS-CoV-2 ha surtido a los países pobres. Sin embargo, la industria farmacéutica señala que revertir las protecciones de propiedad intelectual no ayudará a incrementar la producción de vacunas.
Anthony Fauci, asesor médico de Biden, señaló que los fabricantes de medicamentos deben expandir su capacidad de fabricación o transferir su tecnología para permitir que el mundo en desarrollo haga copias baratas de sus vacunas.
“los fabricantes de medicamentos deben expandir su capacidad de fabricación o transferir su tecnología para permitir que el mundo en desarrollo haga copias baratas de sus vacunas”.
ANTHONY FAUCI, ASESOR MÉDICO DE BIDEN.
Durante la pandemia la desigualdad entre los países se ha agudizado y se ha reflejado en el suministro de las vacunas. En los países ricos, una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna, mientras que en los pobres una entre 500. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los países desarrollados han obtenido el 87% de las más de 700 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 distribuidas en todo el mundo, mientras que los países pobres han recibido solo el 0.2% por ciento.
Pero si algo ha demostrado esta pandemia es que, sin importar el origen socioeconómico, si una persona adquiere un nuevo patógeno como el coronavirus este se puede propagar a todos los rincones del mundo.
Pfizer se asoció con una pequeña empresa alemana llamada BioNTech para fabricar una vacuna de ARN mensajero contra el coronavirus, fue la primera inmunización del mundo contra la COVID-19 y se obtuvo en tiempo récord de 10 meses.
Esta misma semana Pfizer anunció que los primeros tres meses de este año la vacuna le generó 3 mil 500 millones de dólares. Contribuyó con una cuarta parte de sus entradas totales fue, con mucho, la mayor fuente de ingresos de la farmacéutica.
“Según el sapo es la pedrada” dice el dicho y este es el principio de Pfizer para tasar su vacuna. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene un costo de 19.5 dólares por dosis; Israel pagó 30 dólares por dosis. En México el costo se mantiene oculto, pero no solo de esta farmacéutica sino de todas. La falta de transparencia es la norma del gobierno mexicano durante la pandemia.
El ejemplo de Brasil
Esta no es la primera vez que se busca eliminar la protección intelectual en el ámbito de la medicina mundial: a finales de la década de los 80, Brasil inició negociaciones con las grandes empresas farmacéuticas para obtener licencias de producción de medicamentos antirretrovirales de bajo costo, para fabricar sus propios fármacos y brindar a su población acceso gratuito al tratamiento del sida.
A esta iniciativa se sumaron organizaciones civiles internacionales que lucharon para impulsar el acceso a medicinas contra el sida en los países pobres más afectados por la epidemia de VIH.
Casi diez años después, el gobierno brasileño aprobó una legislación sobre patentes que permite a farmacéuticas locales, en determinados casos de interés público y seguridad nacional, la fabricación de productos patentados genéricos.
El asunto se discutió en la Organización Mundial de Comercio, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Sida (UNAIDS) y el G7. Entre 1996 y 2001, el gobierno brasileño logró acordar con las farmacéuticas multinacionales licencias para fabricar localmente los antirretrovirales.
A principios de los 90 Brasil era el tercer país del mundo más afectado por el sida y, gracias a los cambios en la legislación, actualmente produce casi todos los medicamentos utilizados para el tratamiento de esta enfermedad del sistema inmune con costos 70% inferiores. En su ley se indica que “si las compañías internacionales no inician la producción de la patente en Brasil tras tres años, perderán el derecho de patente, por lo que Brasil puede producir medicamentos genéricos”. Por la crisis que implicaba el VIH, el gobierno sudafricano de Nelson Mandela hizo lo mismo para tratar de combatir esta enfermedad que afectaba a 5 millones de sudafricanos.
Gracias a esta lucha, en 2001 la Organización Mundial de Comercio aprobó la Declaración de Doha, relativa a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se establecen acuerdos sobre licencias obligatorias y determinación de emergencias nacionales, lo que permite determinar los derechos de propiedad intelectual en función del interés de salud pública, para promover tanto el acceso a los medicamentos existentes como a la creación de otros nuevos.
De esta manera, en función de la emergencia mundial que implica la pandemia de COVID-19, queda claro que sí existe un marco normativo internacional que permite por extrema urgencia de salud pública, eliminar la protección de patentes de vacunas.
