En todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año suceden alrededor de 73 millones de abortos; seis de cada 10 (61%) a causa de embarazos no deseados, y 3 de cada 10 (29%) son abortos inducidos por otras causas.
A pesar de que cientos de investigaciones científicas demuestran que las tasas de embarazos no deseados son más altas en los países que restringen el derecho al aborto y más bajas en aquellos donde es accesible, en la mayoría de países del planeta (principalmente del tercer mundo) sigue siendo un derecho restringido o inexistente.
A esta nada honrosa lista de países en vías de desarrollo que conculcan los derechos de las mujeres debemos sumar ahora a los Estados Unidos, luego de que el viernes 24 de junio la Suprema Corte estadounidense decidiera declarar inconstitucional el caso Roe vs Wade, con el que desde 1973 el tribunal supremo reconoció que es un derecho constitucional con base en la 14ª Enmienda que protege las libertades de sus ciudadanos sin importar la etnia o el origen nacional de sus padres.
Dicha garantía de la libertad personal se extendía a las mujeres embarazadas y les permitía interrumpir su embarazo, si así lo decidían, hasta las 23 semanas de gestación en los 50 estados de nuestro vecino del norte.
Sin embargo, desde se estableció este derecho fue sistemáticamente atacado por los políticos conservadores. Las restricciones al acceso al aborto son generalizadas: Entre 2000-2010 en diversos estados se establecieron 189 limitantes, y entre 2011-2017 otros 401 obstáculos legales. Tan solo en el año 2019 se promulgaron 46 leyes en 18 estados que acotaron todavía más el derecho a la interrupción del embarazo. Como bien decía Simone de Beauvoir: “Los derechos de las mujeres siempre están bajo amenaza”.
“El hecho es que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirma su proyecto, las mujeres morirán. Los jueces que voten a favor de anular Roe vs Wade no conseguirán acabar con el aborto, solo conseguirán acabar con el aborto seguro. Alito y sus partidarios tendrán la sangre de las mujeres en sus manos”: The lancet.
De hecho, así nació la iniciativa que terminó por eliminar esta garantía constitucional: los legisladores del estado de Mississippi aprobaron en 2018 una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, sin importar si es producto de una violación o incesto. El asunto llegó hasta la Suprema Corte y ahí los jueces, en lugar de limitarse a esa ley, dirigieron su ataque contra los derechos consagrados en la Constitución para eliminar el acceso al aborto. Privilegiaron los asuntos religiosos e ideológicos sobre los derechos humanos y la ciencia.
El juez Samuel Alito, quien redactó la iniciativa aprobada, señaló que el texto constitucional estadounidense redactado a fines del siglo XVIII no hace ninguna referencia al aborto y “por lo tanto, la Constitución no confiere un derecho al aborto”. Cinco de los seis jueces que aprobaron el proyecto fueron nombrados por presidentes republicanos, tres de ellos, por Donald Trump.
Bajo este, digamos, “argumento” corren peligro otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario, el uso de anticonceptivos, el derecho a la educación pública laica, y muchos más.
La decisión de los jueces estadounidenses elimina el derecho de la mujer a elegir, el derecho a controlar su propio cuerpo, y establece el control del Estado sobre las mujeres.
Mujeres pobres, las más afectadas
En 2017 el 18% de los embarazos en Estados Unidos terminaron en aborto, con un total de 862 mil 320 procedimientos, pero para ejercer ese derecho el 12% de las mujeres tuvieron que viajar a través de las fronteras estatales desde lugares con políticas abortistas hostiles. De hecho, la mayoría de las mujeres viven en estados “hostiles” (40 millones), mientras que 24 millones vivían en estados respetuosos de la ley.
Al anularse el caso Roe vs Wade legisladores de cada estado decidirán las leyes que se aplicarán en esta materia. Se estima que 26 de ellos lo prohibirán de manera inmediata. Incluso es probable que se ponga en peligro la libertad de tránsito, ya que algunos planean prohibir a las mujeres viajar para llegar a los centros de aborto en otras entidades.
Se cerrarán tantas clínicas de aborto que aproximadamente 18 millones de mujeres en edad fértil terminarán a más de 322 kilómetros de su hogar con un proveedor de servicios de aborto.
La decisión de los jueces estadounidenses elimina el derecho de la mujer a elegir, el derecho a controlar su propio cuerpo, y establece el control del Estado sobre las mujeres.
En una editorial publicada en 14 de mayo de este año, la revista The Lancet indica que, en Estados Unidos, las mujeres negras tienen una tasa de embarazos no deseados que duplica la de las mujeres blancas no hispanas. Y la tasa de mortalidad materna de las mujeres negras, a la que contribuye en gran medida el aborto inseguro, es casi tres veces mayor que la de las mujeres blancas.
“El hecho es que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirma su proyecto, las mujeres morirán. Los jueces que voten a favor de anular Roe vs Wade no conseguirán acabar con el aborto, solo conseguirán acabar con el aborto seguro. Alito y sus partidarios tendrán la sangre de las mujeres en sus manos”.
The Lancet afirma que el derecho a servicios de aborto seguro y el tratamiento de las complicaciones derivadas de un aborto inseguro “son fundamentales para cualquier concepción del bienestar de la mujer y la igualdad de género”.
El estado de Mississippi, donde se originó la prohibición, ocupa el último lugar en Estados Unidos en algunos indicadores sociales y de salud, como la mortalidad infantil, las muertes evitables y baja atención médica infantil. Asimismo, es 75 veces más peligroso dar a luz que abortar antes de la viabilidad del feto, y todos estos riesgos afectan principalmente a las mujeres afroamericanas pobres que no tienen los medios para viajar a otro estado para abortar.
Los efectos de los embarazos no deseados serán más duraderos y empeorarán la precaria situación de ese estado en vías de subdesarrollo.
