Diversos países que buscan dejar atrás lo antes posible las medidas restrictivas por la pandemia como Alemania, Chile, Estados Unidos, Italia y Reino Unido han propuesto emitir “pasaportes de inmunidad” o de “libre riesgo” que garantizan supuesta inmunidad a los individuos que han sido infectados por SARS-CoV-2, pero la comunidad científica internacional rechaza dichos certificados por el riesgo de crearse una nueva forma de discriminación y otro factor de desigualdad.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El gobierno chileno planteó la concesión certificados de inmunidad digitales o físicos que garanticen presunta inmunidad, lo cual reavivó el rechazo de científicos y expertos que consideran que la medida es prematura debido a que todavía no se sabe, a ciencia cierta, si un paciente recuperado adquiere inmunidad ante el virus y, si es así, durante cuánto tiempo.
En artículos científicos publicados en The Lancet, JAMA y Nature se señala que todavía hay muchas dudas sin resolver como en qué momento se puede considerar que una persona ya está recuperada, si está libre del virus y ya no es contagiosa y, en caso de que se encuentre sana, si su organismo tiene los suficientes anticuerpos que la protejan ante una segunda infección.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se opone a dichos certificados, ya que hay aspectos de la pandemia que aún se están investigando y de los cuales todavía no hay resultados científicos. El conocimiento actual y las limitaciones técnicas no brindan “evidencia de que las personas que se han recuperado de la COVID-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”, señaló el organismo multilateral en un comunicado, el pasado 24 de abril.
Se han realizado estudios sobre la evidencia de anticuerpos a la infección por SARS-CoV-2 y en la mayoría se muestra que las personas que se han recuperado tienen anticuerpos contra el virus, pero algunas de ellas a niveles muy bajos de neutralización y pocos anticuerpos en su sangre, por lo que la OMS considera que aún es insuficiente la información disponible para tomar esas medidas.
Todavía hay dudas sobre en qué momento se puede considerar que una persona ya está recuperada, si está libre del virus y ya no es contagiosa y, en caso de que se encuentre sana, si su organismo tiene los suficientes anticuerpos que la protejan ante una segunda infección.
Riesgos discriminatorios
Los pasaportes de inmunidad plantean considerables desafíos científicos, prácticos, equitativos y legales, señala Alexandra L. Phelan, del Centro Médico de la Universidad de Georgetown, EE. UU., en un artículo publicado en The Lancet.
“Impondrían una restricción artificial sobre quién puede y quién no puede participar en actividades sociales, cívicas y económicas y podría crear un incentivo perverso para que las personas busquen infecciones, especialmente las personas que no pueden permitirse un período de exclusión de la fuerza laboral, agravando las desigualdades existentes de género, raza, etnia y nacionalidad”, señala Phelan. “Tal comportamiento representaría un riesgo para la salud no solo para estas personas sino también para aquellas con las que entran en contacto”.
La investigadora alertó que con dichos pasaportes se podría correr el riesgo de aliviar el deber de los gobiernos en adoptar políticas que protejan los derechos económicos, de vivienda y de salud en toda la sociedad proporcionando una aparente solución rápida.
En un artículo publicado el 6 de mayo en la revista de la Asociación Médica Americana (JAMA), Mark A. Hall, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest, indica que las certificaciones comúnmente forman parte de estrategias de control de infecciones en otros entornos, por ejemplo, los Estados prescriben requisitos de vacunas para los trabajadores de cuidado de la salud y cuidado infantil. Algunos programas de detección de salud pública requieren que los maestros prueben que no tienen tuberculosis y determinados países requieren que los visitantes extranjeros muestren un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.
Sin embargo, un programa de certificado de inmunidad para la COVID-19 no tendría paralelo en varias formas, primero porque todavía no es prevenible por una vacuna y la inoculación debe provenir completamente de una infección previa. En segundo lugar, el programa probablemente se aplicaría de manera más amplia que solo a un puñado de profesiones o actividades seleccionadas. En tercer lugar, los “privilegios” condicionados podrían afectar a una mayor variedad de libertades y oportunidades civiles fundamentales, como la libertad de asociación, culto, trabajo, educación y viaje.
No hay pruebas de anticuerpos
Cuando el organismo humano desarrolla inmunidad a un patógeno a través de una infección natural ocurre un proceso de varios pasos a lo largo de, generalmente, una o dos semanas. En primer lugar, el cuerpo responde ante los virus de manera inmediata y no específica con un arsenal de células protectoras del sistema inmune como los macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas, que ralentizan el progreso del virus e incluso pueden evitar que cause síntomas de enfermedad.
Luego de este escudo protector continúa una respuesta adaptativa específica en la que el organismo produce anticuerpos que se unen específicamente al virus para neutralizarlo. Estos anticuerpos son proteínas que se encuentran en la sangre llamadas inmunoglobulinas, pero también entran en acción las células T que reconocen y eliminan a las células ya infectadas por el virus, para evitar su propagación.
La respuesta adaptativa combinada puede eliminar el virus del cuerpo y, si la respuesta es lo suficientemente fuerte, puede prevenir la enfermedad grave o cuando se vuelva a encontrar con el mismo virus en un futuro, previene una reinfección. Esto es la inmunidad.
Los resultados de este proceso de inmunidad ocurrido en el organismo se puede medir por la presencia de los anticuerpos en la sangre a través de pruebas serológicas, y como todavía no existe vacuna contra COVID-19, esta sería la única forma de comprobar dicha inmunidad. El problema radica en que las pruebas para anticuerpos contra el coronavirus aún están en desarrollo. Aunque hay varias en experimentación, hasta ahora no existe ninguna certificada y aprobada.
Pero no solo se requieren pruebas precisas y confiables sino que además se requiere otra validación adicional, ya que existe la posibilidad de resultados falsos positivos y falsos negativos. Un resultado falso positivo podría llevar a un individuo a cambiar su comportamiento a pesar de ser susceptible a la infección, infectarse y, sin saberlo, transmitir el virus a otros.
La comprensión científica de la inmunidad contra el SARS-CoV-2 sigue siendo bastante rudimentaria. Se desconoce cuánta inmunidad confiere una infección y por cuánto tiempo; también se ignora el nivel y el tipo de anticuerpos que indican dicha inmunidad. Todavía no hay resultados científicos sobre estos aspectos.
Pero además hay diversos elementos que pueden arrojar falsos positivos, el principal de ellos es que estos resultados pueden cruzarse con los anticuerpos que se generan en el organismo por otros coronavirus, hay seis de ellos: cuatro que ocasionan la gripe común, y los otros dos son el MERS y SARS.
Independientemente de que en el futuro se pueda contar con una prueba de anticuerpos confiable y específica para SARS-CoV-2, dice Mark A. Hall, surgen importantes preocupaciones legales, éticas y políticas que no esperarán una mayor certeza científica.
“Certificar a quienes están inmunizados puede estigmatizar a quienes no lo están. Existe una amplia evidencia histórica de que vincular ventajas con la aptitud física puede amplificar las disparidades socioeconómicas existentes”, dice Hall. “En el extremo, los críticos advierten que las ventajas de inmunidad excesiva podrían crear un apartheid social orwelliano o distópico”.
Por si fueran pocos los elementos científicos en contra de la propuesta de los pasaportes de inmunidad no debemos olvidar el riesgo de la omnipresente y omnipotente corrupción, ya que dicho “certificado” podría ser falsificado y traficado, lo cual traería consigo riesgos potenciales a la salud pública mundial por un nuevo brote pandémico.
