Las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de exfuncionarios del Conacyt y exadministradores y excoordinadores del desaparecido Foro Consultivo Científico y Tecnológico se basan en un pleito político emprendido por la actual directora general del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, desde que asumió su cargo al frente del Conacyt de la 4T.
Durante el proceso de transición entre el gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador, las autoridades salientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezadas por Enrique Cabrero Mendoza, tuvieron un comportamiento poco institucional: sistemáticamente negaron información sobre los programas, fideicomisos y contratos a las actuales autoridades del Consejo.