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El Sistema Nacional de Investigadores pasó de ser una medida emergente hace 37 años a una política pública permanente modificada esta semana, que ha servido para complementar el salario de los científicos y también como un mecanismo de control, pero que no soluciona el problema de fondo: México tiene una comunidad científica insuficiente para resolver sus problemas, como la pandemia de COVID-19.

Esto tomó 20 años y el esfuerzo no fue sencillo. A los gobiernos locales les ha costado trabajo incorporar la ciencia como parte de sus políticas; los recursos siguen siendo reducidos; con frecuencia la administración ha estado lejos de ser eficiente y eficaz; y en algunos casos, la corrupción los ha ensombrecido.

Durante el proceso de transición entre el gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador, las autoridades salientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezadas por Enrique Cabrero Mendoza, tuvieron un comportamiento poco institucional: sistemáticamente negaron información sobre los programas, fideicomisos y contratos a las actuales autoridades del Consejo.

El viernes 8 de febrero la dirección general del Conacyt, a través de la legisladora Ana Lilia Rivera del partido Morena, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en la que se proponen amplias y diversas modificaciones a la actual Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, vigente desde 2002.

Sexenio tras sexenio, la ciencia y la tecnología han estado sujetas a recortes y a los vaivenes presupuestales y desde hace décadas, los procedimientos administrativos del Conacyt han sido sumamente lentos y no han sido del todo transparentes. Siempre hay retraso en la publicación de las convocatorias o en la entrega de los recursos económicos para los proyectos de investigación.