Para el gobierno y legisladores de la 4T hay mexicanos de primera y de segunda clase. Mientras que la población general tiene que pagar con su propio bolsillo las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y cubrebocas, se han destinado millones de pesos públicos para dotar de estas herramientas para proteger a funcionarios y políticos. Para la población general “no sirven”, pero para los políticos sí.