Las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 pueden reanudar sus actividades sin usar una mascarilla o sin estar a una distancia de dos metros, excepto cuando lo exijan las leyes, reglas y regulaciones federales, estatales, locales, tribales o territoriales, señala el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.
Para el gobierno y legisladores de la 4T hay mexicanos de primera y de segunda clase. Mientras que la población general tiene que pagar con su propio bolsillo las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y cubrebocas, se han destinado millones de pesos públicos para dotar de estas herramientas para proteger a funcionarios y políticos. Para la población general “no sirven”, pero para los políticos sí.
Casi cinco meses, más de medio millón de personas infectadas y 60 mil fallecimientos después, la Secretaría de Salud “aceptó” la evidencia científica que sostiene que el uso de cubrebocas y mascarillas es una de las medidas más efectivas para prevenir la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, y recomendó el uso de cubrebocas en el Informe Técnico Diario del 20 de agosto.
La funesta cifra oficial de fallecimientos por COVID-19 en parte se debe a la desastrosa respuesta del gobierno federal que ha ignorado los conocimientos epidemiológicos y las recomendaciones de la OMS; nunca implementó controles sanitarios; ha desestimado el uso de pruebas de diagnóstico para mitigar la dispersión del coronavirus e ignora la información científica sobre el uso del cubrebocas.